Una ofensiva opaca
Por
Víctor Hugo Michel
El asalto lleva ya tiempo bajo preparación y se ha organizado silenciosamente para no atraer la atención. La estrategia ha sido discreta, casi de la misma forma en que lo hacían los zapadores de antaño: excavando por debajo de las defensas de una fortaleza para que, llegado el momento, puedan detonarse cargas explosivas que derrumben, desde el propio subsuelo, toda una estructura.
Justo cuando más evidentes son los casos que apuntan a la urgente necesidad de profundizar y afinar nuestro sistema de transparencia –con escándalos vinculados a deudas estatales y municipales, acusaciones de sistemáticas violaciones a los derechos humanos e irregularidades en las finanzas electorales de partidos políticos- la rendición de cuentas en México se encuentra en uno de sus periodos más aciagos de la última década.
Lo sucedido este lunes pasado en la toma de protesta de Gerardo Laveaga como nuevo presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección a los Datos Personales (IFAI), con el consejero Ángel Trinidad reclamándole su evidente falta de preparación y disposición para el cargo además de la revelación de que la consejera Sigrid Arzt incurrió en conductas irregulares en los últimos meses, es solo la punta del iceberg de una crisis que tiene tiempo gestándose. Una que es de mayores vuelos que el simple pleito entre funcionarios.
Si bien el discurso político apunta a que cada vez habrá una mayor transparencia y que sectores opacos como sindicatos, fideicomisos y partidos están por abrirse, la realidad a ras de tierra es diferente. Como podrá atestiguar cualquier reportero, investigador o simple ciudadano que utilice regularmente el sistema Infomex, la calidad en la información obtenida vía las leyes de transparencia ha entrado en un marcado declive desde hace tiempo, en particular los últimos dos años del gobierno de Felipe Calderón.
Donde antes había la posibilidad de obtener documentos oficiales sobre temas de interés público, hoy solo hay respuestas anodinas, de unos cuantos párrafos de extensión. O, por el contrario, se pide pagar sumas extraordinarias para acceder a los documentos. En algunos casos, se ha llegado al grado de solicitar 70 mil pesos para “solventar los gastos de las copias”. Lo que esto implica es que los funcionarios han aprendido ya a torear la Ley de Transparencia. En otras palabras, han afilado el colmillo para darle la vuelta a las peticiones.
Entre los reporteros, no somos pocos los que creemos que la era de oro de la transparencia federal, un periodo que inició en 2004 con la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia, ha terminado. En cuanto a la transparencia estatal, esa nunca llegó a algunas esquinas del país. Hay gobiernos locales como los de Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y el Estado de México, que mantienen férreas resistencias a entregar hasta la información más simple a la ciudadanía.
Algunos casos rayan en lo absurdo. En Tamaulipas simplemente no se pueden registrar solicitudes de información y cualquier petición es sistemáticamente ignorada. Vaya, no existe ni página ante la cual enviar las solicitudes. Uno se pregunta qué hacen, exactamente, los comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información tamaulipeco. Viven en una paradoja: sus salarios, por cierto, no son de dominio público.
La Procuraduría General de Justicia de Veracruz ha mantenido, durante seis meses, una batalla de justificaciones para no revelar cuántos cuerpos sin identificar ha recibido su Servicio Médico Forense. Primero, reservó esa información para “no invadir la privacidad de los cadáveres” y luego para no poner en riesgo la existencia del estado. Más tarde, después de que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información le ordenara revertir la clasificación y publicar esos datos, declaró la información inexistente.
El Estado de México, por su parte, no ha querido revelar cuánto gastó en los festejos del 15 de septiembre de 2011, los últimos encabezados por Enrique Peña Nieto antes de lanzarse por la candidatura presidencial y con los que aprovechó para posicionar su arranque de campaña. Fue una jornada en la que el gobierno estatal celebró a lo grande en Toluca con fiesta popular, carpas, comida, bebida y una cuadrilla de artistas –Mariana Seoane, Gigante de América, Tigres del Norte y Gloria Trevi-- cuyos honorarios debieron ser multimillonarios. Después de preguntar a seis dependencias, todas insistieron en no saber quién tenía copia de los contratos.
Yucatán ha sido más simple. Declaró toda la información relativa al salario de su Ejecutivo como inexistente. Y la lista sigue.
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Las tendencias actuales son preocupantes. Sin mencionar el enorme sinsentido que significa la llegada a la presidencia del IFAI de un funcionario a modo para el gobierno y a todas luces es displicente en materia de transparencia como Laveaga, los primeros meses de la administración de Enrique Peña Nieto no han significado un deslinde real con la opacidad sembrada y alimentada por el calderonato.
Por el contrario y pese al discurso oficialista sobre renovar el impulso a la transparencia, las dependencias federales recurren cada vez con mayor frecuencia a un criterio del pleno del IFAI, conocido como “009-10”, para escudarse y no entregar la información solicitada.
Este criterio plantea textualmente que las dependencias y entidades “no están obligadas a generar documentos ad hoc para responder a una solicitud de acceso a la información” y que sólo podrán entregar “documentos que se encuentren en sus archivos”. En vez de declarar la inexistencia de la información o clasificarla como reservada, las dependencias federales y estatales prefieren defenderse y confeccionar respuestas mínimas.
Pero lo que ha hecho el criterio 009-10, sustentado en distintos expedientes de los consejeros Alonso Lujambio, María Marván Laborde, Jacqueline Peschard y el propio Ángel Trinidad, es alejar al ciudadano promedio –para el que fue creada la ley— del acceso a la información. Si para los periodistas que utilizamos las leyes de transparencia es difícil saber exactamente cómo se llaman los documentos que contienen los datos que se requieren, para una persona de a pie es prácticamente imposible.
Cuando un ciudadano solicita información, suele hacerlo desde una desventaja. El que pregunta no sabe. El que tiene los datos, sí. En un principio, la Ley Federal de Transparencia revirtió esa distribución de poder: permitió a una persona, sin conocimientos reales sobre el funcionamiento del gobierno, resolver sus dudas.
¿Quería saber cuánto gana el gobernador? Pregunte. ¿Quería saber cuántos lápices de 10 mil pesos compró una secretaría? Pregunte. ¿Tenía dudas sobre cuántos coches chocó la Suprema Corte? Pregunte.
Desafortunadamente, eso ha quedado en el pasado. Silenciosamente, por debajo del radar y de la opinión pública, el criterio 009-10 se ha encargado de eso. Pedirle a una persona solicitar exactamente los documentos producidos por una instancia gubernamental es dejarle una vez más a la merced de un funcionario.
Es regresar el poder a donde antes estaba. En manos de burócratas que insisten en guardar secretos.
