Casino Royale: una oportunidad
Este jueves, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó, entre varias otras, la recomendación 66/2012, “Sobre el caso de V1 a V63, víctimas del delito con motivo de los hechos ocurridos en el Casino Royale, en Monterrey, Nuevo León”.
Se trata de un documento de 46 páginas que condensa un voluminoso expediente de más de 15 mil hojas, fruto de las investigaciones que realizó la dependencia que encabeza Raúl Plascencia Villanueva y que, aquí no hubo sorpresas, llegó a conclusiones muy parecidas a las que comentaba la gente entre sí, pero contrarias a las versiones oficiales en que insistieron hasta la ignominia diversas instancias de gobierno.
Y ni modo de decir que la CNDH es ignorante de lo que dice: enumera a 63 víctimas conocidas (52 fallecidas y las demás lesionadas) y se basa en toda clase de documentos oficiales y en numerosos trabajos de campo.
Si tuviéramos que concentrar sus conclusiones en una sola, sería ésta: aunque hubieran sido delincuentes los que llegaron al Casino Royale el 25 de agosto de 2011 para prenderle fuego, autoridades de los tres niveles de gobierno fueron responsables, principalmente por omisión, de las circunstancias que convirtieron aquel incendio en una tragedia sin precedentes.
Las responsabilidades oficiales son de dos tipos: las relacionadas con la seguridad física de las instalaciones, es decir, básicamente las asociadas a los deberes de Protección Civil en cuanto a los dispositivos de salida de inmuebles cerrados, y las relacionadas con la operación de un garito cuyo permiso para funcionar era por lo menos dudoso.
La CNDH no investigó las razones, pero encontró evidencias de que hubo irregularidades de todo tipo y en todos los niveles. Fallaron las secretarías federales de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social; fallaron los gobiernos del estado de Nuevo León y de Monterrey; fallaron las instancias de Protección Civil y hasta estorbó el procedimiento la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León.
En definitiva, la Comisión enlista una serie de recomendaciones. La dirigida a todos los actores implicados exige que se proporcionen a las víctimas y a sus deudos la atención y los apoyos necesarios para reparar, en lo posible, los daños ocasionados.
A las instancias federales se dirigen cinco recomendaciones, de las cuales las dos más importantes tienen que ver con la legalidad y la seguridad de los casinos instalados en todo el país. Todas las recomendaciones van acompañadas de una exigencia clave: no sólo dar por atendida la solicitud, sino acompañarla de pruebas fehacientes de que se cumplió la recomendación.
La CNDE exige, en pocas palabras, que se levante un inventario nacional que contenga datos sobre todos los casinos del país, sobre su situación jurídica, sus contratos de operación, sus niveles de seguridad, los nombres de los permisionarios, su ubicación, las medidas para vigilar su funcionamiento, los expedientes de todos los trabajadores.
Esta es una oportunidad pues para poner en orden a esta conflictiva industria. La pregunta es qué rumbo seguirá la nueva administración. Todo el país estará atento a lo que se decida en este asunto. Así sabremos si el Casino Royale en verdad nos dio lecciones a todos, o si las cosas seguirán iguales, bajo nueva administración.